Medios de comunicación públicos e inmigración


La inmigración en la Comunidad Autónoma Vasca es un hecho social relevante. En los últimos años, miles de inmigrantes venidos en su mayor parte de África del norte y subsahariana, Latinoamérica y Europa del Este, conviven con nosotros intentando buscar una vida mejor en un mundo económicamente mas desarrollado y abierto que el de su procedencia. No hemos de olvidar que los vascos hemos sido ante todo un pueblo emigrante y que hemos sufrido las dificultades y conflictos que ello conlleva, y por eso debemos ser aun más sensibles con la inmigración y sus problemas.

La sociedad vasca ha sabido acoger e integrar a los inmigrantes en nuestra vida diaria, pero queda aún mucho por hacer para que se sientan ciudadanos de pleno derecho. Por ello las instituciones públicas han de empeñarse para que, con la implementación de las políticas, se llegue a una integración real y efectiva.

Nuestro régimen legal establece claramente que la actividad de los medios de comunicación cuya titularidad corresponda a la administración pública se basará, entre otros principios, en el respeto al principio de igualdad, al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, así como en la defensa y promoción de los valores cívicos de la convivencia.

Los medios de comunicación públicos no pueden permanecer por tanto ajenos a ese objetivo, circunscrito en lo que se expone a la realidad de la inmigración. Por ello es oportuno impulsar desde los medios audiovisuales más cercanos, como son la televisión y la radio públicas, la creación de programas - específicos o no - que visibilicen la realidad de la inmigración y sirvan de conducto a sus necesidades de todo género.

Muchos son los flancos y temas que habría que cubrir, pero sobre todo deberían de ir encaminados a informar al inmigrante del entramado institucional y de servicio público que puede encontrar en la Comunidad Autónoma Vasca, proporcionándoles al mismo tiempo suficiente información sobre la realidad de la sociedad y de la cultura vascas, esto es, sobre la sociedad de acogida.

Por otra parte, seria también una fuente de información en sentido inverso, donde la población de acogida pueda conocer las diferentes culturas y pueblos de la inmigración que conviven entre nosotros, dando voz al mundo asociativo inmigrante para conocer su trabajo e implicación social. De esta forma, podríamos contribuir a hacer su labor más efectiva y se mostrarían a las claras las principales problemáticas que sufre el inmigrante en su periodo de adaptación, siendo un espacio de denuncia pública ante desigualdades e injusticias. Estas, junto con otras medidas, harían más fácil la integración de este sector de la población que a día de hoy no ve reflejada su realidad en la programación televisiva o radiofónica de ámbito publico.

En definitiva, esta nueva concepción de la radio y la televisión pública para con los inmigrantes hace de estos dos eficaces medios un nuevo foro público de información, conocimiento, intercambio y entretenimiento que sirva para afianzar los lazos de solidaridad y respeto que nos unen con el resto de ciudadanos, que, proviniendo de diferentes culturas y tradiciones, desarrollan su vida en nuestra tierra.

Mujer e Iglesia

Hace pocos días celebrábamos el día de la mujer y se volvía reivindicar el justo lugar que las mujeres deben de ocupar en todos los ámbitos de la sociedad. Las políticas de discriminación positiva y la Ley de Igualdad, como colofón, son una excelente manera de alcanzar este más que razonable objetivo.

Sin embargo estos últimos días también hemos visto a la Iglesia católica volver a cargar con fuerza contra todo avance y progreso en estas y otras materias. La Conferencia Episcopal no se detiene ante nada y representa uno de los ámbitos más arcaicos y antidemocráticos de nuestro país. La mujer no puede acceder a ningún puesto de responsabilidad o representación dentro de su organización, viéndose en una de las mayores discriminaciones basadas en no sé qué argumentos, desde luego poco terrenales y comprensibles para los tiempos que vivimos.

Uniendo los derechos de la mujer y la manera de actuar de la jerarquía católica, se me antoja que si a día de hoy se va obligando, por ejemplo a los partidos políticos o a los consejos de administración de las empresas, a cumplir criterios de paridad entre sus miembros, por qué a la Iglesia católica no se le exige lo mismo. Si todas las organizaciones y asociaciones deben de cumplir en su funcionamiento con los valores democráticos, por qué no lo hace la Iglesia católica que tan insistentemente, por ejemplo, reivindica su derecho a ser sobradamente financiada por el Estado. Todos tenemos derechos y obligaciones pero parece que no todos quieren cumplirlos por igual, pero claro con la "Iglesia hemos topado".

Ahora que se cumplen 75 años de la proclamación de la II República, y a pesar de que muchos no quieran admitirlo, todos los demócratas debemos de reconocer que es acontecimiento histórico digno de ser recordado porque abrió una nueva etapa de libertad y justicia nunca vista hasta entonces. El periodo republicano supuso un avance mas que notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos. España se configuraba así en un país moderno que reconocía derechos y libertades tanto individuales como sociales. No podemos olvidar que la Constitución republicana ampliaba, entre otras muchas cosas, el derecho al sufragio tanto a hombres como a mujeres, establecía un verdadero estado laico y reconocía que las regiones y municipios tenían derecho a ejercer su autonomía dentro del estado.

El trágico final de la II República truncó esa aspiración de la sociedad española por convivir bajo el respeto a las reglas democráticas. Ahora, 75 años después, muchos de los valores democráticos que nos parecen propios de nuestra Constitución, ya los defendieron otros en una época donde ser defensor de la libertad y la justicia social era bastante complicado. A ellos les debemos por tanto un merecido recuerdo y reconocimiento por su empeño y su lucha en pro de una sociedad democrática.